Senado rechaza monitoreo ciudadano a la Policía de Puerto Rico

Puerto Rico tiene el segundo departamento de policía más grande de Estados Unidos y, lamentablemente, uno de los más acusados de corrupción. Desde el año 2011, el cuerpo policiaco del ELA está en sindicatura federal por diez años, cuando se conociera un reporte federal que acusó a los oficiales de asesinatos ilegales, corrupción y violaciones a los derechos civiles. Por tal razón, el gobierno de Puerto Rico tiene que invertir sumas millonarias por los próximos años para implementar las reformas y la designación del monitor que supervisa las obligaciones federales.

Estas acusaciones fueron unas de las tantas críticas realizadas en la pasada campaña electoral al ex gobernador, Luis Fortuño, donde se le reprochaba las formas violentas e inmunes que trabajó la policía contra manifestaciones estudiantiles y comunidades desventajadas. Actos que no se limitan a su administración.

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Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico de vez de romper con la burocracia y humanizar la policía con procesos de transparencia y de participación ciudadana ha preferido no apoyar un proyecto de monitoreo de los cuerpos policíacos, rechazando la creación de un “Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial en Puerto Rico”, adscrito a la Asamblea Legislativa, con autonomía y facultades para investigar situaciones de violación de derechos por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico. El Proyecto de Senado 1142, radicado por María de Lourdes Santiago, en pro de los derechos civiles y el derecho democrático a la participación ciudadana, es engavetado por la propia comisión senatorial llamada a asegurar los derechos civiles y promover la participación ciudadana.

La explicación brindaba por la Comisión, presidida por Rossana López León, justifica su decisión alegando que el gobierno cuenta con los mecanismos necesarios para atender querellas sobre violaciones de los derechos de la ciudadanía.

En un comunicado enviado por la ACLU de Puerto Rico, se cuestiona, dónde estos políticos han estado todos estos años. Y, por qué el gobierno desconfía de sus propios ciudadanos quienes, a fin y al cabo, son las víctimas de estas violaciones.

El Senado de Puerto Rico aparentemente desconoce la razón de ser de la participación ciudadana en el monitoreo de cuerpos policiales, y de la existencia de extensa literatura sobre el tema, tanto en EE.UU. como en diversos países del mundo. Los estados que han adoptado mecanismos de participación ciudadana también cuentan con entidades gubernamentales, y en particular policiales, cuyo fin es investigar violaciones de derechos humanos y corrupción; sin embargo, nunca ha sido suficiente. Dichas jurisdicciones continúan contando con “investigaciones” del estado, ahora con el monitoreo adicional de la ciudadanía; desde otra óptica. Una cosa es independiente de la otra, y no son excluyente.

La transparencia gubernamental es derecho del pueblo; así como el derecho a contar con la rendición de cuentas y las transformaciones de las agencias de manera sostenibles y sujetas al monitoreo del pueblo. Estos derechos no le pertenecen a los gobiernos, son derechos del pueblo, y se tienen que exigir.

Faltando ánimo en nuestro gobierno para promover instrumentos que aseguren la participación ciudadana ante tantos atropellos a través de nuestra historia, la ACLU explora otros medios que pudieran garantizar en un futuro la participación ciudadana en el desempeño de nuestros sistemas de justicia. Tanto a nivel de Puerto Rico, Estados Unidos, y mediante mecanismos internacionales de derechos humanos procuramos foros que cuenten con la objetividad necesaria para considerar los méritos del establecimiento de un mecanismo de monitoreo ciudadano.

Inmunidad y estragos de una policía militarizada http://goo.gl/oc5FXW

Posted by Descriminalización.org on Miércoles, 10 de diciembre de 2014