Silencian al monitor federal y a la reforma policiaca de Puerto Rico

Pareciera que el respeto a los derechos humanos que debe brindar la policía Puerto Rico no soporta ni los pininos de supervisión que puede brindar el monitor federal de la policía.

Y es que luego de que el fiscal federal, Jeff Sessions, emitiera una orden para revisar los acuerdos entre el Departamento de Justicia y varias agencias policiacas a través de EEUU alegando que “no es responsabilidad del gobierno federal supervisar a agencias policiacas no federales”. Los políticos del Estado Libre Asociado aprovecharon la oportunidad para quejarse de las ejecutorias realizadas por monitor de la policía, el ex coronel Arnaldo Claudio, y buscar renegociar el acuerdo con el Tribunal Federal para cumplir con las supuestas reformas que se le exigen a la policía.

A días del memorándum de Sessions, los políticos locales como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, estaban arremetiendo contra el monitor por su presencia en distintas protestas en la que los manifestantes repudiaban distintas iniciativas del gobierno. No pasaron dos meses y ya los departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico habían llegado a un acuerdo sobre cómo deben ser las inspecciones del monitor de la policía.

Ahora el “asesor técnico” de la uniformada, aunque puede efectuar evaluaciones de campo de las actividades, a fin de monitorear la supuesta implementación de la reforma, el juez federal Gustavo Gelpí le ordenó a las partes a desarrollar guías para ser utilizadas por el monitor federal para que se definiera cómo podrían ser estas supuestas evaluaciones. No obstante, el juez le ordenó al monitor que se tiene que mantener como un observador neutral sin dirigir los agentes, ni interferir con las decisiones de mando.

Asimismo, se dispuso que el monitor deberá cooperar con los agentes y ajustar las evaluaciones de campo, a fin de asegurar su seguridad, la de los agentes y del público cuando los uniformados respondan a situaciones que representen riesgo.

Para poder efectuar la supervisión se le establecerá un espacio en un perímetro a una distancia razonable y la policía tiene el deber de proveerle la información “de forma rápida” del comandante designado a la manifestación o a la actividad policiaca.

Aunque el juez Gelpí alegó que, “nada en esta estipulación debe ser interpretada como que limita o expande la autoridad del monitor bajo el acuerdo (de la Reforma de la Policía)”. La realidad es que, al monitor se le prohibió hacer expresiones públicas durante sus inspecciones, a menos que sea autorizado por las partes o por el acuerdo.

Además, cualquier alegación de violaciones administrativas, comportamiento criminal, conducta antiética o que haya sido observada por el propio monitor debe ser referida a la Superintendencia de Responsabilidad Profesional de la Policía, o a las autoridades federales o estatales cuando la querella requiera acción inmediata.

La supervisión de agencias policiacas locales por el Departamento de Justicia Federal a través de “decretos por consentimiento” surgen luego de las denuncias por las prácticas de abuso policiaco sistemático contra las comunidades desventajadas.

A finales de 2012 el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la policía de Puerto Rico por violaciones a los derechos civiles, por el uso excesivo de la fuerza, discrimen, allanamientos, registros ilegales, falta de adiestramientos y supervisión, entre otros. Esto luego de denuncias e investigaciones de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) entre 2008 a 2011. Como parte del acuerdo entre las partes, el juez federal Gelpí designó al coronel Arnaldo Claudio como monitor federal de la Policía.

Aunque las reformas de la policía continúan siendo una falacia, donde los departamentos de la policía continúan aumentando sus recursos militarizados y prácticas represivas a un costo multimillonario. No obstante, preocupa que la orden emitida por Sessions, que rápidamente fue acogida en la colonia, representa un claro rechazo a la supuesta reforma policiaca.

Related posts: