Trump declara epidemia de opioides una emergencia nacional de salud pública

El presidente Donald Trump ordenó el jueves al Departamento de Salud y Servicios Humanos que se declare la crisis de opiáceos como una emergencia nacional de salud pública, tomando medidas para abordar la creciente epidemia de consumo de drogas que sufre Estados Unidos.

“Como estadounidenses, no podemos permitir que esto continúe. Es hora de liberar a nuestras comunidades de este flagelo de la drogadicción”, expresó Trump durante una emotiva ceremonia en la Casa Blanca, a la que asistieron familias afectadas por el abuso de opioides, miembros del Congreso y funcionarios de la administración. “Esta epidemia es una emergencia nacional de salud”, señaló el mandatario, a la vez que recalcaba que “nadie ha visto nunca lo que está ocurriendo ahora”.

Esta orden tendrá una vigencia de 90 días. Según un funcionario del gobierno, la medida puede renovarse cada 90 días hasta que el presidente considere que ya no es necesaria.

Sin embargo, el discurso se torno un tanto absolutista al presentarse la falacia que “podemos ser la generación que termine la epidemia de opioides”, brindando como propuesta reproducir una “publicidad realmente dura, realmente grande” para persuadir a los estadounidenses a no comenzar a usar opiáceos, imitando la campaña antidrogasJust Say No“, dirigida por Nancy Reagan en la década de 1980.

“Podemos enseñar a los jóvenes a no tomar drogas”, dijo Trump, “es realmente fácil no tomarlas”, expresó Trump. A la vez que, compartió la historia de su hermano Fred, a quien dijo que había luchado contra la adicción al alcohol durante toda su vida y le imploró que nunca tomara un trago, un consejo que el presidente alega haber seguido.

Trump insistió en la necesidad de una mayor aplicación de la ley y vinculó la necesidad de militarizar más la frontera y el anunciado muro fronterizo con México para supuestamente detener el ingreso de drogas ilegales a Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos son escépticos frente a la capacidad del muro para combatir el problema, teniendo en cuenta que parte de sus raíces está en los analgésicos prescritos por médicos del país.

La promesa de la campaña del Sr. Trump de centrarse en la crisis de los opioides lo impulsó a una victoria crucial en las primarias de New Hampshire el año pasado. Como presidente, nombró una comisión de opioides en marzo, instalando al gobernador Chris Christie de Nueva Jersey, un rival para la nominación republicana que había defendido el tema durante la carrera de 2016, como presidente. En julio, la comisión recomendó que el presidente declare una emergencia nacional, ya sea bajo la Ley Stafford, que habría permitido la asignación de fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias o la Ley del Servicio de Salud Pública, la opción que el Sr. Trump eligió.

Aunque el Sr. Trump calificó la crisis de opiáceos como una emergencia nacional durante el mes siguiente, no firmó una declaración formal de la designación, y la idea tropezó con una dura resistencia en su administración a hacer un compromiso abierto de fondos federales para tratar con un problema que no ha mostrado signos de disminuir.

Los funcionarios de la administración argumentaron que una declaración de emergencia nacional no era necesaria o útil en el caso de la crisis de opiáceos, y que los poderes asociados con una emergencia de salud pública eran más adecuados para abordar el problema. Dijeron que la Casa Blanca enviaría pronto al Congreso una solicitud de dinero para combatir los opiáceos, con el objetivo de incluirlo en un paquete de gastos de fin de año.

Según los activistas en este tema, la falta de acción le ha quitado una designación de fondos a la lucha contra las drogas, que podría ofrecerle a los estados y las agencias federales más recursos y poder.

Pero más allá de la falta de fondos, no está claro cuánto impacto tendrá la declaración de salud pública en el corto plazo, dado que Trump aún no ha nombrado a los funcionarios. Eso incluye un “zar de la droga” para dirigir una estrategia más amplia sobre opioides y una secretaria de salud y servicios humanos que diseñaría políticas e identificaría fuentes de financiación.

¿Será suficiente para empezar a resolver el problema?

Desde 1999, el número de muertes por sobredosis que involucran opioides se ha cuadriplicado. Entre 2000 y 2015, más de 500 mil personas murieron por sobredosis de drogas: los opiáceos representan la gran mayoría. Las cifras publicadas recientemente por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelaron que sólo en 2016 alrededor de 64 mil personas murieron por sobredosis de drogas.

Rafael Lemaitre, exdirector de comunicaciones de la Oficina de Política de Drogas de la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama, le indicó a CNN que si bien este paso es importante “no es una solución milagrosa para la crisis de los opiáceos”. Para llegar a eso, añadió, se necesitan los fondos adicionales del Congreso.

“Una jugada más inteligente sería que la administración fuera más allá de esta declaración y aprobara los millones de fondos necesarios para enfrentar esta crisis”.

Sin embargo, ninguna declaración de emergencia haría mucho para bajar el impacto de las muertes por opiáceos sin un compromiso sustancial de dinero federal y una estrategia clara revisando la forma en que el país trata la adicción. Se necesita expandir rápidamente el acceso a tratamientos efectivos de adicción a los opioides para pacientes ambulatorios y que los tratamientos sean más fáciles de acceder que la heroína y otras drogas ilegales.

Entre las preguntas que el presidente dejó sin contestar está si el Departamento de Salud y Servicios Humanos usará su autoridad bajo la declaración de salud pública para negociar precios más bajos para la naloxona, un medicamento que contrarresta rápidamente los efectos de las sobredosis de opiáceos. Los legisladores y las organizaciones han argumentado que tal medida es crucial para ampliar el acceso y evitar más muertes por sobredosis.

Related posts: