Trump mantiene incertidumbre con las reformas a las políticas anti marihuana

Las primeros días del presidente de los Estados Unidos han estado llenos de controversia. Tras la toma de posesión el 20 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales comenzar a revertir la Ley del Cuidado de Salud, revivió las disputas de los oleoductos, entabló una guerra contra los medios de comunicación, firmó ordenes ejecutivas que cambiaban las leyes de migración y anda buscando enemigos por el resto del mundo.

Pero todavía no sabemos cuáles serán los planes de Trump con las reformas a las leyes de cannabis y otras reformas a las leyes anti drogas aprobadas en la pasada administración. Existe una explicación bastante simple para esa incertidumbre, en el capitalismo estadounidense el dinero es el que manda y son muchos los intereses quienes están detrás de las políticas anti drogas.

Pero en cuanto al cannabis son pocos los caminos que Trump puede elegir, puede intentar eliminar la industria regulada de marihuana de 6.8 billones de dólares o apoyar los derechos de los estados para legislar su propia política de drogas.

El cannabis está regulado por ley federal, lo que le da a Trump y su administración la capacidad de paralizar los programas en los Estados Unidos que han legalizado la marihuana para uso médico, recreativo o ambas. El Departamento de Justicia puede enviar fácilmente cartas de “cese y desista” a las compañías que controlan la planta. Sin embargo, es poco probable que el magnate tome esa decisión.

El apoyo a la legalización de la marihuana alcanzó un máximo histórico en 2016. El 60 por ciento de los estadounidenses encuestados por la encuesta Gallup dijo que favorecen la legalización absoluta, frente al 35 por ciento en 2005. Incluso, las posturas o la percepción de que los republicanos tradicionalmente se oponen a la idea de legalizar el cannabis ha cambiado significativamente. Las pasadas elecciones además de decidirse un cambio de gobierno, cuatro estados de EEUU votaron para regular los mercados de marihuana, asimismo, otros regularon el uso terapéutico del cannabis, de estos últimos fueron varios los estados que decidieron regular los mercados vía electoral y que también cambiaron de administración demócrata a republicana.

Eliminar las reformas sería ir en contra de la aceptación que ha tenido los mercados de marihuana y fomentaría enormes problemas políticos entre los estados y la administración federal.

A pesar de la incertidumbre, son varios los escenarios que podría decidir el nuevo presidente, Trump podría permitir que los estados sigan ignorando el estatus federal y que regulen la marihuana. Ese enfoque podría satisfacer tanto a los conservadores que apoyan la legalización como a los conservadores que respetan los poderes políticos de los gobiernos estatales y el gobierno federal bajo la Constitución de los Estados Unidos. La decisión dejaría felices a los defensores de la legalización de la marihuana en ambos lados.

Hay un escenario intermedio, Trump podría apoyar los derechos de los estados en el papel mientras busca otras maneras de socavar la industria legal de la marihuana. Muchas de estas opciones son consecuencia de la administración del presidente Barack Obama que fue tímido en las reformas de las leyes anti marihuana.

Asimismo, la administración puede continuar manteniendo la clasificación de la marihuana de la Lista I, lo que dificulta que los científicos puedan desarrollar la industria hacia la investigación.

El gobierno federal podría penalizar a los bancos que toman el dinero de las empresas que trabajan con cannabis, y hacer más difícil los nuevos negocios y la industria. Las empresas que mercadean con cannabis se atienen a las leyes estatales, y son pocos los bancos y cooperativas de crédito quienes toman el riesgo de abrir cuentas para esos empresarios.

El Departamento de Justicia puede trastocar el mercado atacando uno o dos dispensarios en los estados donde son legales para operar, expandiendo el miedo a través de la industria.

Es difícil predecir cómo Trump actuará. El multimillonario ha sido ambivalente en los temas de drogas a lo largo de su vida. En estos momentos, él ha declarado públicamente su apoyo a la marihuana medicinal y los derechos de los estados a regular el cannabis, pero su administración todavía tiene que tomar una postura definitiva.

Su elección para el fiscal general de EEUU, el senador de Alabama Jeff Sessions, es una mala noticia para la industria del cannabis. Sessions se ha expresado en contra sobre la reforma creada bajo la administración Obama “las personas buenas no fuman marihuana”. El senador también repite la falsa de la teoría de que la marihuana es una droga de entrada a otras drogas.

De igual manera, Neil Gorsuch, el recién nominado a la Corte Suprema por el presidente Donald Trump, proviene de Colorado, un estado conocido por legalizar la marihuana y ser un fuerte defensor de los derechos del estado sobre el gobierno federal. Sin embargo, el nominado se caracteriza por la toma decisiones de manera conservadora, al estilo el juez Antonin Scalia que viene a sustituir.

Por otro lado, Jim O’Neill, uno de los líderes para liderar la FDA, ha sido bien recibido por los reformadores de la Guerra contra las Drogas.

Pero por ahora, muchos opinan que se mantendrá como está y que Trump apoyará los derechos de los estados, dando a uno de cada cinco estadounidenses acceso legal al cannabis. Analistas de Marijuana Business Daily cree que  se mantendrá el statu quo y son optimistas al considerar que el Congreso quizás podría optar por nuevas enmiendas a la legislación Rohrabacher-Farr que permita la regulación terapéutica para incluir a todos los estados.

Fuente: BussinesInsider, Forbes

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