Un reglamento hecho “de espaldas a los pacientes y al Pueblo de Puerto Rico”

Aunque celebran el hecho de que en Puerto Rico esté cerca de lograr el “acceso digno al Cannabis Medicinal”, entienden que falta un largo trecho, que debe incluir la legalización del autocultivo. La Alianza de Pacientes PRO Cannabis, Incanunció que participará esta semana de las Vistas Públicas del Departamento de Salud para el Reglamento 8766, y nos brindó copia de su ponencia para que nos uniéramos a sus reclamos.

Estos señalan que el Reglamento continúa atentando contra la dignidad de los pacientes, de sus familiares y de sus acompañantes autorizados. Al continuar permitiendo que se viole el derecho de los pacientes a medicarse en el lugar y a la hora que dicte su condición. Además señalan que el Reglamento para el Uso, Posesión, Cultivo, Manufactura, Fabricación, Dispensación, Distribución e Investigación del Cannabis Medicinal, recrudeció las medidas que restringen el libre comercio y la competencia, limitando así tanto la variedad en la oferta de cepas y de productos, como también la variedad de los precios de éstos que estarán disponibles. Medidas que tienden a excluir a pequeños y medianos comerciantes del desarrollo de la industria del cannabis y que incrementa los precios de la planta.

En síntesis, el grupo de pacientes entiende que el Reglamento 8766:

  1. Elimina el esquema que establece límite de plantas en el cultivo y límite de pacientes en los dispensarios y, en el caso del cultivo, lo sustituyó por un esquema de pies cuadrados en el que no hay límites en la escala de producción, abandonando así el modelo que promueve una mayor participación de los pequeños y medianos comerciantes, a favor de uno que permite el acaparamiento por grandes centros de producción o dispensación.[1]
  2. Mantiene como requisito para obtener las licencias correspondientes, el promover nuevas técnicas en las áreas de cultivo, manufactura, producción y desarrollo de nuevas sustancias relacionadas al cannabis medicinal.[2]
  3. Mantiene el requisito de experiencia previa en fabricación de sustancias controladas para obtener las licencias correspondientes, con el mismo lenguaje adoptado en el Reglamento 155, es decir declarando que la falta de experiencia no descalifica.[3]
  4. Mantiene el requisito de limitar la producción y cultivo a un número de establecimientos que produzcan el abastecimiento adecuado e ininterrumpido.[4]
  5. Establece un sistema de convocatoria y de puntuación para administrar la concesión de licencias.[5]

Como se puede observar, lamentablemente el Reglamento 8766 conservó todas las medidas incluidas en el Reglamento 155 que se prestan para restringir ilegalmente la libre competencia. Peor aún, el Reglamento 8766 eliminó el modelo de escala pequeña establecido en el Reglamento 155, caracterizado por el límite de plantas en el cultivo y el límite de pacientes en los dispensarios, el cual promueve la participación de pequeños y medianos empresarios. En su lugar, el Reglamento 8766 estableció un esquema de desarrollo sin límites en las escalas de los establecimientos.

Aparte de eliminar los límites en la escala de los establecimientos, el Reglamento 8766 estableció un sistema de convocatoria para la solicitud de licencias que “…continuará hasta que se complete la cantidad previamente determinada por el Departamento de establecimientos para satisfacer la demanda de los pacientes.” A ello se añade que el “…Departamento de Salud podrá abrir una convocatoria para presentar nuevas solicitudes, cuando determine que se necesitan más establecimientos…para atender la demanda de los pacientes.” Así, no basta con llegar a tiempo a la convocatoria. Para obtener una licencia, los pequeños y medianos comerciantes tienen que superar al gran capital en la puntuación que el Departamento de Salud les otorgue.

Sencillamente, el Reglamento 8766 ha creado un esquema mediante el cual se favorece que grandes acaparadores que cuentan con acceso a mucho capital financiero, sometan primero sus solicitudes; recuerden que las fuentes de financiamiento tienen que estar presentadas en la solicitud, si no, no se acepta la solicitud. Claro está, estos acaparadores, dado su acceso al capital, también podrán reclutar gente con “experiencia” y darse el lujo de experimentar en la promoción de “nuevas técnicas”.

Es inevitable pensar que el requisito de experiencia previa se puso a raíz del cabildeo de entidades vinculadas a las farmacéuticas. Tal y como es inevitable pensar que la reducción de cuatrocientos (400) metros a trescientos cuatro punto ocho (304.8) metros en la distancia requerida entre los establecimientos y las escuelas, responde a que alguno de los grandes cabilderos, o “big players”, como a veces les llaman, pretende tener un establecimiento a una distancia de una escuela que fluctúa entre los 304.8 metros y los 400 metros. A todas luces vemos que el Reglamento es hijo del deseo de hacer dinero, no del reclamo de los pacientes. Si fuera al revés, el Reglamento repudiaría inequívocamente las medidas que restringen el libre comercio y que promueven el acaparamiento y la monopolización; también estaría carente de los discrímenes contra los pacientes que hoy plagan el Reglamento.

Una vez los “big players” arranquen inicialmente con la posibilidad de seguir expandiendo sus facilidades sin límites, éstos tendrán la capacidad de ir absorbiendo la demanda según ésta crece. Entonces, difícilmente habrán convocatorias para que nuevos competidores bona fide intenten insertarse en la industria, lo cual en última instancia no depende de que cumplan con ciertos requisitos, sino que depende de que cumplan con los requisitos y de que resulten favorecidos por el Departamento de Salud en cuanto a la otorgación de puntos. El Reglamento 8766 ha creado las condiciones perfectas para un sistema patológicamente politizado, al servicio de los “big players”.

Como si todo ello no fuese suficiente para promover que los “big players” dominen la industria en el arranque, en exclusión de los pequeños y medianos comerciantes, el Reglamento 8766 encareció los costos de la solicitud y obtención de las licencias, en algunos casos llegando a multiplicarse quince veces el costo de la licencia más económica.

Por ejemplo, el costo de solicitud y obtención de la licencia más económica en cada uno de los siguientes tipos de establecimiento, se multiplicó en las siguientes formas:

  • Cultivo:                                              de $5,000 a $20,000, se cuadriplicó
  • Dispensarios:                                   de $5,000 a $25,000, se quintuplicó
  • Producción/Manufactura:             de $5,000 a $17,500, se triplicó
  • Distribución:                                    de $5,000 a $75,000, se multiplicó x 15
  • Laboratorios:                                   de $5,000 a $60,000, se multiplicó x 12

No obstante, si algún pequeño o mediano comerciante lograra vencer en el evento de la convocatoria, entonces le tocaría enfrentarse eventualmente a la renovación de la licencia. A continuación listamos cómo el Reglamento 8766 multiplica los costos de renovación de la licencia más económica para los siguientes establecimientos:

  • Cultivo:                                              de $5,000 a $10,000, se duplicó
  • Dispensarios:                                   de $5,000 a $20,000, se cuadriplicó
  • Producción/Manufactura:             de $5,000 a $10,000, se duplicó
  • Distribución:                                    de $5,000 a $50,000, se multiplicó x 10
  • Laboratorios:                                   de $5,000 a $50,000, se multiplicó x 10

De los establecimientos listados, el que probablemente requiera la menor inversión y costos operacionales sea el de distribución; por lo tanto, la distribución es el espacio en el que con menos dificultad podrían insertarse los pequeños y medianos comerciantes. Sin embargo, el Reglamento 8766 se ocupó de empinar el camino a noventa grados para aquellos que aspiren a obtener una licencia de distribución. Primero, el distribuidor tiene que costear el costo de solicitar y obtener la licencia, el cual el Reglamento 8766 multiplicó quince veces (de $5,000 a $75,000). Luego, probablemente viniendo de un primer año de pérdidas, el distribuidor tiene que pagar el costo de la renovación, el cual se multiplicó diez veces en el Reglamento 8766 (de $5,000 a $50,000). Si el distribuidor sobrevive el proceso de solicitud y las deudas que se puedan generar en el primer año de operación, el Reglamento 8766 se encarga de aniquilarlo en la renovación.

Vistos los costos de solicitud, obtención y renovación de las licencias más económicas, así como todas las medidas que restringen ilegalmente el libre comercio, tenemos que concluir que el Reglamento 8766 está diseñado para favorecer a los “big players” en detrimento de los pequeños y medianos comerciantes, y de la salud económica del País.

En ese contexto, expresamos con respeto que nos resultan increíbles las expresiones hechas por funcionarios públicos a los efectos de que el Reglamento 8766 se aprobó de emergencia para agilizar el acceso al cannabis medicinal. Buscamos, buscamos y buscamos y no encontramos disposición alguna en el Reglamento 8766 que promoviera esa agilidad. Por otro lado, sí encontramos recrudecidas las medidas que atentan ilegalmente contra el libre comercio y que promueven la monopolización. Encontramos también que el aviso de vista pública divulgado en el portal cibernético del Departamento no indica dónde, ni cuándo, ni cómo se solicita turno para comparecer. Para colmo, el 15 de agosto de 2016 un miembro de la Alianza de Pacientes Pro Cannabis, Inc. llamó al Departamento de Salud para solicitar turno para comparecer a las vistas públicas. Le indicaron que la solicitud había que presentarla personalmente al Departamento; o sea que si el paciente vive en Mayagüez, desde Mayagüez se le exige venir; obviaron el correo electrónico, tan económico y tanto más favorable a la conservación ambiental; ¿por qué? Se nos hace inevitable pensar que el Departamento de Salud no está muy interesado en someterse al escrutinio y a la denuncia de los pacientes en una vista pública. Más que de emergencia, entendemos muy respetuosamente que el Reglamento 8766 es uno hecho de espaldas a los pacientes y al Pueblo de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, el Reglamento 8766 debe ser enmendado en forma tal que se limpie por completo de medidas que restrinjan ilegalmente el libre comercio y de medidas discriminatorias contra pacientes, sus familiares o sus acompañantes autorizados. Además, el Reglamento debe crear condiciones que favorezcan eficazmente la inserción de los pequeños y medianos comerciantes, a la vez que impiden el acaparamiento por unos pocos.

Lee la ponencia completa de la Alianza de Pacientes PRO Cannabis, Inc.

  • [1] Véase el artículo 89 del Reglamento 8766.
  • [2] Véase el artículo 23 del Reglamento 8766.
  • [3] Véase el artículo 23 del Reglamento 8766.
  • [4] Véase el artículo 23 del Reglamento 8766.
  • [5] Véase el artículo 22 del Reglamento 8766.