¿Y quién supervisa los centros de rehabilitación de drogas en Puerto Rico?

En días recientes se reportó otra muerte en un centro de tratamiento para usuarios de drogas en Puerto Rico. Y aunque para algunos estos casos le resulte como “cotidiano”, la pregunta que muchos nos quedamos esperando de los medios y de las agencias pertinentes era quién supervisa estos programas.

Aunque no nos interesa entrar en los detalles del asesinato a golpes de Bryan Cancel Marrero, de 38 años,ocurrido en Teen Challenge del municipio de Arecibo. Si tenemos que detallar algunas incongruencias donde se percibe una mala supervisión que puede evitar que estas desgracias sucedan.

Lo primero que debemos resaltar es que pasaron horas y no se sabía identificar si era el subdirector del centro, un empleado de limpieza y terminó siendo un participante del programa que estaba terminando una condena carcelaria hasta el 2019. Si tenemos confinados ‘velando’ y ‘brindando tratamiento’ a otros confinados, la pregunta que se cae de la mata, es quién fiscaliza a estos centros de rehabilitación en Puerto Rico que continuamente se repiten estas desgracias.

La labor que realizan las comunidades terapéuticas, como los centros Teen Challenge, quizás para muchos son esenciales en Puerto Rico. Pero los usuarios de drogas y toda persona que participen de estos programas deben recibir la seguridad y confianza de poder cumplir con su tratamiento a drogas, sin el temor de perder la vida o acabar en prisión.

En cambio, estos programas carecen de seguridad cuando por la búsqueda de ganancias se acepta a todo tipo de usuario de drogas junto a cualquier persona que pueda estar extinguiendo una condena carcelaria.

En este caso tenemos a una persona asesinada que ya se alegaba había cumplido con los procesos de su “rehabilitación”, tanto así que les servía de supervisor, pero era obligado a extinguir su condena en el centro con horarios de trabajo y pernoctando en el lugar. Por otro lado, los sospechosos de asesinarlo estaban extinguiendo una condena por asesinato y el otro por ley de sustancias controladas. Unas condenas muy diferentes y una labor de “vigilancia” que no le correspondía.

Las autoridades detuvieron a dos internos, que se sospecha pudieron haberlo agredido en represalia, por las medidas disciplinarias que tomaría la víctima al sorprenderlos supuestamente utilizando drogas cerca del centro de tratamiento. Todos los programas y las comunidades terapéuticas en Puerto Rico siguen modelos prohibicionistas basadas en la abstinencia. De seguro, estas personas al encontrarlos con drogas regresarían a prisión y se le sumarían más años a su condena por lo que decidieron tomar la fatal decisión.

Para nada tratamos de justificar el hecho de que aquí ocurrió un crimen. Sin embargo, tenemos que visualizar que con una buena supervisión y transformando un sistema punitivo a un verdadero sistema salubrista podemos evitar que estas desgracias ocurran.

Por lo que hacemos un llamado a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a que fiscalice a estos programas. Ya basta de que todos los años se repitan estos crímenes en centros de tratamiento que han hecho de la rehabilitación un negocio internacional.