EEUU aprueba reforma al sistema penal y permite comercialización del cáñamo

Donald Trump y el bipartidismo estadounidense se pusieron de acuerdo para aprobar una reforma del código penal que deroga severas leyes federales aprobadas en las décadas de 1980 y 1990 en el marco de la “guerra contra las drogas”. La medida, conocida como la Ley del Primer Paso (First Step Act), fue aprobada luego que que el Congreso legalizara a través de la Ley Agraria (Farm Bill) el cáñamo, la fibra no psicoactiva de la planta de cannabis que tiene, entre otros, usos industriales, alimentarios y medicinales. 

La guerra contra las drogas ha sido utilizada por las autoridades para justificar una continua violaciones a los derechos civiles. La legalización del cáñamo es un primer paso hacia la liberación de un mercado que ha sido injustamente castigado por la prohibición del cannabis en el año 1937.

“La importancia de este cambio de ley no debe ser subestimada”, dijo Paul Armentano, subdirector de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana (NORML), en un comunicado luego de que Trump promulgara el Farm Bill. “Esta ley marca el primer cambio en la clasificación federal de la planta de cannabis desde que fue clasificada como sustancia controlada de primer grado por el Congreso en 1970, y allana el camino para el primer cultivo de cáñamo comercial autorizado por el gobierno federal desde la Segunda Guerra Mundial”, recalcó.

Pero adicional a la reforma de la industria del cáñamo, el Congreso aprobó otros avances en el ámbito de la justicia penal a través del First Step Act, los cuales podrán ayudar a aliviar los problemas de encarcelación masiva y discriminación racial que han mantenido la criminalización de las drogas. El proyecto de ley toma varias medidas para reducir las sentencias mínimas obligatorias bajo la ley federal y hace retroactivas las reformas promulgadas por la Ley de Sentencias Justas de 2010 (Fair Sentencing Act), que redujo la disparidad entre las sentencias por consumo de crack, por un lado, y de cocaína en polvo, por otro.

También reduce de 20 a 15 años la sentencia mínima obligatoria para delitos graves de drogas, y de perpetua a 25 años para condenas por un tercer delito violento o de narcotráfico. Los reclusos que no han sido condenados por delitos violentos podrán reducir su sentencia participando en programas de rehabilitación, educativos o de formación profesional en las cárceles.

Los cambios solo aplicarán para quienes estén encarcelados en prisiones federales. La ley prohibe prácticas como esposar a presas embarazadas durante los partos y requiere el encarcelamiento cerca de la familia, amplía oportunidades de optar a programas de formación, trabajo y rehabilitación y le brinda a los presos la posibilidad de ganar dinero que pueden usar una vez estén libres. También expande los “créditos de tiempo” por buen comportamiento. Según algunos análisis, 4 mil presos podrían cualificar inmediatamente para salir de prisión.

El voto del Senado es la culminación de años de negociaciones dirigidas a abordar la guerra contra las drogas, responsable del incremento en la población carcelaria, sin ayudar a las personas a prepararse para su reintegro la sociedad.

“El proyecto de ley representa el progreso y debemos celebrar la liberación de miles de personas que cumplen sentencias desproporcionadamente largas, pero al mismo tiempo el proyecto de ley deja atrás a demasiadas personas. Es un compromiso difícil para nosotros y debemos seguir luchando por cambios sistémicos mucho más profundos”, expresó Michael Collins, representante de Drug Policy Alliance. “Esta reforma cambiará la vida de las miles de personas que podrán volver a casa, pero también debemos seguir luchando por los cientos de miles que quedan atrás”.